Los obispos aragoneses han hecho pública la Carta Pastoral
Sólo Dios es el Señor de la Vida donde han remarcado la defensa de la vida humana como fin de la medicina y han querido reflejar que tanto el médico como el paciente deben ser libres para tomar decisiones sobre la base de conocimiento de los datos y “desde la fidelidad a la verdad del ser humano”. Han afirmado que los médicos tienen la responsabilidad “mayor” por su capacidad profesional recibida y por el poder que ello les confiere, por lo que “deben ser individuos virtuosos, de integridad moral personal en lo que se refiere al ejercicio de la medicina y deben respetar y comprender la complejidad moral, no abandonando, sin embargo la búsqueda de aquello que es verdadero, justo y bueno”.
Los obispos han querido dejar claro que la última decisión sobre las posibles acciones diagnósticas y terapéuticas corresponde al enfermo. En la carta pastoral, también han subrayado que “ningún ser humano tiene vida sólo biológica” ya que “la realidad de ser persona no se reduce al hecho de tener consciencia”.
La Iglesia aragonesa ha hecho pública esta carta pastoral con ocasión de la aprobación y promulgación de la
Ley de Muerte Digna. En ella ha destacado que las iglesias diocesanas se sienten llamadas “a revisar y a renovar su compromiso de atención a los enfermos y sus familias, especialmente en las situaciones de soledad, grave dependencia, ancianidad avanzada y proximidad a la muerte”.
La carta también defiende el respeto a la autonomía del paciente y a sus decisiones. Por ello, apuestan por que el usuario de los servicios sanitarios pueda dejar constancia de sus directrices o pueda designar a una persona que lo represente fiel y lealmente. Aunque la carta defiende que el enfermo tiene derecho legítimo a tomar la última decisión en lo referente a su proceso diagnóstico y terapéutico, también contempla que el acto médico tiene dos sujetos morales: el enfermo y su médico, así como el personal de enfermería implicado en la ejecución de las órdenes médicas. “Todos ellos son médica y éticamente responsables de las acciones que realizan, lo que significa que también los profesionales tienen derecho a ver respetado su criterio médico, ético y deontológico”.
Los obispos aragoneses han considerado preocupante “la tendencia de considerar al profesional sanitario” como “un mero dispensador instrumental de los servicios ofrecidos por los usuarios y, por tanto, como un sujeto moralmente neutro. Han abogado por la libertad de conciencia como un derecho humano fundamental. “La objeción de conciencia no sólo es un derecho sino un deber”.
La Iglesia ha criticado que la Ley de Muerte Digna no tenga en cuenta el derecho de los profesionales a la objeción de la conciencia y considera “insuficiente” la medida de recurrir al Comité de Ética Asistencial del centro sanitario. “No debería restringirse el derecho a la posibilidad de obtener tal opinión sólo a partir del Comité de Centro o de alguna instancia vinculada a ésta”. Creen que debería reconocer el derecho a obtener dicha opinión de expertos o comités externos a la institución en donde sea el conflicto. “Garantizaría más la imparcialidad del consejo, que, por otra parte, no es nunca vinculante para quien la solicita”.
En la carta pastoral también se refleja que cuando el paciente se encuentra ante la inminencia de una muerte inevitable
“es lícito en conciencia tomar la decisión de renunciar a unos tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, pero no interrumpiendo los cuidados normales debidos al enfermo en casos similares”. Los obispos han afirmado que la renuncia a medios extraordinarios o desproporcionados “no equivale al suicidio o a la eutanasia, sino que expresa más bien, la aceptación de la condición humana ante la muerte”. Creen que “no es obligatoria, ni parece aceptable moralmente una conducta médica de obstinación terapéutica que mantuviera medios desproporcionados o extraordinarios”.
En el texto se explica también que cuando el paciente sufre una enfermedad crónica, incluso incurable y gravemente invalidante como un estado vegetativo permanente que no va a llevarle a una muerte inminente y médicamente inevitable, hay que “mantener los tratamientos que alcanzan su finalidad propia así como los cuidados ordinarios”. Entre estos, se encuentran la alimentación y la hidratación, aunque hayan de procurarse por medios artificiales. “La falta de esperanzas fundadas de recuperación en estos enfermos no puede justificar éticamente el abandono terapéutico o la interrupción de los cuidados normales al paciente.
Ello equivaldría a una acción de eutanasia por omisión”.
Con respecto a la sedación, la carta considera que no es moralmente mala en sí misma ya que puede estar médicamente indicada y correctamente aplicada desde el punto de vista ético, cuando hay síntomas refractarios que no han respondido a ningún otro tratamiento paliativo. Sin embargo, “no toda acción de sedar es siempre buena” ya que “el enfermo ha de ser siempre, al menos lo más posible, actor y autor de su vivir, no mero espectador pasivo del mismo”. La carta recoge también que atenuar o impedir temporalmente las funciones humanas superiores sólo puede estar justificado por razón de “un bien suficientemente alto” para el propio sujeto y no por razón de un buen para terceros.
Por ello, han afirmado que la
sedación paliativa habrá de ser siempre el último recurso y deberá estar médicamente indicada para cada caso particular, siendo revisada y justificada periódicamente. Creen que catalogarlo de “derecho del paciente” permite “abrir la puerta a acciones de eutanasia”. En este sentido, creen que es “insuficiente” la definición restrictiva de eutanasia que se recoge en el preámbulo de la Ley y “con la cual persigue que no sean etiquetadas de eutanasia acciones que sí lo son”.
